Crítica a Venezuela por no autorizar un canal de cable
La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) consideró ayer 'ilegal y arbitraria'' la decisión del gobierno de Venezuela que impide el funcionamiento del canal Radio Caracas TV (RCTV) internacional como un servicio de producción nacional audiovisual.
La AIR, que reúne a más de 17.000 emisoras privadas de radio y televisión de las tres Américas, Asia y Europa, formuló la denuncia en un comunicado difundido en esta capital, su sede.
De acuerdo con AIR, las explicaciones del gobierno del presidente Hugo Chávez para no dar las autorizaciones a RCTV para operar por cable son ilegales y arbitrarias y sostiene que la emisora venezolana 'aportó en tiempo y forma todos los antecedentes que avalan su programación internacional''.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, Conatel, negó la solicitud de RCTV Internacional, que tiene una línea crítica hacia Chávez, para volver a la televisión por cable. Tras el fin de su licencia en 2007, no renovada por el gobierno, transmitía vía satélite desde Miami. Ahora había pedido volver por cable.
AIR consideró que la documentación presentada no permitía calificar la programación, tal y como corresponde a Conatel.
Denunció AIR, asimismo, que la 'calificación de los hechos y sus gravísimas consecuencias, la está ejerciendo un organismo gubernamental en forma unilateral, sin que medie la intervención de ningún tribunal independiente.
En los hechos, se trata del retiro total y definitivo de RCTV del cable venezolano, con lo cual se privará al pueblo de Venezuela -opina- de un canal de televisión independiente, afectando severamente su derecho a la información y a la libertad de expresión''.
AIR denuncia que con estas medidas, el gobierno venezolano está 'vulnerando tratados internacionales y derechos constitucionales, mediante un procedimiento arbitrario, con el manifiesto propósito de limitar, a su grado más extremo, la ya mermada libertad de expresión en Venzuela'.
La AIR hizo un llamado a los organismos internacionales, especialmente a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a adoptar las medidas necesarias para que no se continúe avanzando 'impunemente, en la violación de derechos fundamentales como la libertad de expresión'.